La venta, producción y tráfico de sustancias consideradas como drogas , es una de las tendencias delictivas más comunes actualmente y es que día a día el uso y consumo de estas sustancias, se hace más habitual. Este uso progresivo de las drogas no es exclusivo de sectores poblacionales o países en específico sino que envuelve a la sociedad en su conjunto aunque en mayor proporción quedan afectados las generaciones más jóvenes de la comunidad quienes son más propensos a su uso y venta; por tanto la propagación de estas conductas es un serio problema a escala international pues cada día crecen más las redes de narcotráfico y por tanto con mayor frecuencia aparecen los casos de personas detenidas y procesadas por este delito. Ante todo esta troubleática true los diferentes Estados en busca de vías, métodos y mecanismos que les faciliten el Command y erradicación de estas actividades ilícitas suscriben Tratados y Convenios Internacionales en pos de la ayuda y la cooperación necesaria en diferentes campos, pero más concretamente, apoyo jurídico que les permita perseguir estos actos más allá de sus fronteras, mecanismo que se concreta a través de la Extradición.
4 LECrim.). Dicha información insuficiente pudiera haber sido completada o subsanada permitiendo el acceso del detenido o su letrado a las partes del atestado en las que constaban las circunstancias decisivas que justificaron la detención policial. El TC, finalmente, admitió la vulneración de las garantías que el artículo seventeen.one y three CE reconoce al demandante en cuanto titular del derecho a la libertad y seguridad personalized, como consecuencia de no haber sido informado de modo suficiente sobre las razones de su detención gubernativa de naturaleza penal ni habérsele permitido el acceso a los elementos de las actuaciones que eran esenciales para impugnar su legalidad, declarando nulo el auto del Juzgado de Instrucción que denegó la incoación del procedimiento Habeas Corpus.
Colombia y México no han elaborado un procedimiento especial para la extradición que funja para ambos, sino que la legislación nacional de cada uno regirá en cuanto a las formas, cuando se encuentren como Estado requerido.
La defensa penal ante una acusación por narcotráfico constituye una tarea ardua para todo abogado penalista que opte por transitar por este campo tan tortuoso.
Este derecho es la pieza fundamental de la investigación, se desarrollará a lo largo de la misma, pero se anticipa que el Tribunal Constitucional hace una interpretación extensa de lo que se denominan los elementos de las actuaciones.
Por otro lado, tenemos a la extradición, una institución jurídica del Derecho Penal e Internacional Público, que consiste en el mecanismo diseñado para que personas que han procurado ponerse a buen recaudo de la mano de la justicia, por haber salido del territorio del país donde delinquieron, puedan ser reclamadas y devueltas, para su enjuiciamiento, de manera que las cuestiones de jurisdicción y competencia no se conviertan en coyuntura favorable para la impunidad de los infractores de la Ley.
Variadas son las estrategias de defensa que un abogado de narcos está entrenado para esgrimir. Citemos algunas de ellas para ilustrar el trabajo de estos profesionales del derecho:
Considering the fact that 2012, Directive 2012/thirteen / EU has produced a particular “tension” in police stations concerning the instructors of read more your stories plus the attorneys in the investigated persons. The transposition of your Directive into your Spanish Legal Program, While using the modification in the LECrim in 2015, hasn't been sufficiently obvious, maintaining a range of opinions when getting utilized.
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El contenido de la información que deben de reflejar los agentes en el acta se puede consultar en los Criterios para la Práctica de Diligencias por la Policía Judicial[xxiv].
Un abogado especializado en extradiciones puede asesorar y representar a la persona solicitada para extradición para proteger sus derechos y defender su caso frente a las autoridades judiciales.
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El ámbito de aplicación de esta Directiva, recogido en su artículo two, oscila “desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro ponen en conocimiento de una persona que es sospechosa o que se le acusa de haber cometido una infracción penal, hasta la conclusión del proceso”.